Se han agitado los vientos de la indignación ante la situación calamitosa de la salud. Y no es para menos, dado que se trata de la vida y la salud de la inmensa mayoría de los colombianos. Estamos asistiendo al colapso final del sistema de salud por cuenta de la intermediación financiera de las EPS, determinada por la ley 100.
La solución impulsada por el Gobierno Santos es, aunque parezca inconcebible, aumentar el poder abusivo de las EPS –por la vía de concentrarlas en monopolios más gigantescos- y entregarles un billón doscientos mil millones de pesos. El remedio peor que la enfermedad. Apuesta el Gobierno a que en la desesperación a que ha llevado a ciencia y paciencia a los colombianos, estos asientan a la barbaridad de sus maniobras.
Dicha catástrofe, provocada por el Gobierno Nacional, afecta al pueblo y a sus maestros, activos y pensionados, con sus familias –casi un millón de personas-, pese a que estén cubiertos por un régimen especial. Esa situación se viene presentando desde hace tiempo en la mayoría de los pequeños y medianos municipios colombianos donde los hospitales fueron degradados a puestos de salud, cuando no cerrados, sin personal médico suficiente, donde las droguerías son unos cuantos medicamentos esparcidos en unos estantes y las ambulancias, chatarra amontonada en los patios. Allá, decenas de miles de educadores, que trabajan en las más difíciles condiciones, conocen por amarga experiencia las consecuencias de la política contra la salud de los colombianos que agencian los gobiernos neo liberales.
Pero la catástrofe ha hecho metástasis, las camas hospitalarias en todo el país se han reducido drásticamente, alcanzar atención de medicina especializada se ha convertido en una hazaña, para una cirugía hay que ponerse en listas de espera interminables, en resumen, todos los insumos de la salud desaparecen en esta crisis de espanto y la muerte por ley 100 se ha convertido en una cotidiana compañera. ¿Puede haber una adecuada atención en el régimen especial del magisterio con la red de salud colapsada? La respuesta obvia es no.
Pero a ello se le agregan las propias dificultades del régimen especial. El gobierno busca reducirlo a un calco del régimen general, que no cubre la salud sino simplemente asegura hasta cierto punto. Por ello impuso la Unidad Per Cápita del régimen contributivo (UPC) más un 48,32%, bajo el supuesto de un estudio técnico que afirmaba que con esos recursos se cubría la salud del magisterio y sus beneficiarios.
Como quiera que en la realidad –constatada por el magisterio colombiano- no se viene prestando el servicio en las condiciones adecuadas, FECODE contrató un estudio de altísimo nivel con el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional. Veamos algunas de los aspectos que estudió y las conclusiones a que llegó.
El Gobierno definió que el promedio de consultas de medicina general sería de 3,1; de especializadas de 1,6 y de odontología 1,3, sin tener en cuenta que “esos valores resultan inferiores a los que registran los regímenes de aseguramiento en salud cerrados… magisterio, los trabajadores petroleros u otros con regímenes específicos”(1). Con esa decisión “técnica” nos limitaron el acceso a la salud. Ahora bien, los resultados en la práctica fueron peores. En el año 2009 el promedio de consultas generales fue de 2,37 y en el 2010 de 2,48. (2). Naturalmente que a menos consultas, menos gasto por parte de las entidades contratistas.
“En síntesis, para el cálculo de la UPCM, la consultoría estimó dos consultas médicas más por afiliado y aproximadamente una consulta odontológica más por cada afiliado en promedio y significó en suma costear millones de consultas adicionales para los más de 900.000 afiliados, pero no estimó ni costeó los servicios, medicamentos y procedimientos ordenados por el médico y el odontólogo en dichas consultas adicionales”. Ese error lo estima el CID de la U. Nal. en 17,14% de la UPC. Y es claro al señalar que, “de una frecuencia de 3,1 consultas año, (es decir, solo una atención y media en promedio por afiliado año) en 2008, se bajó a una frecuencia de 2,37 en 2009, es decir a una sola atención por afiliado año y algunos proveedores presentan incluso una frecuencia inferior. Como no resulta lógico en este tipo de servicios una disminución de la demanda, la reducción de frecuencias significa probablemente que algunos proveedores restringieron la oferta (creando dificultades para el acceso y la utilización) para equilibrar ingresos y gastos, teniendo en cuenta los mayores costos encontrados en los servicios de apoyo, con lo que se deteriora el servicio de salud del magisterio”. (3)
Más claro no canta un gallo: el Gobierno estableció promedios de citas bajos, no presupuestó todas las fórmulas médicas, exámenes y procedimientos que necesariamente se generan con una cita, con lo que se dejó sin financiación adecuada el servicio. Y las empresas resolvieron el problema económico restringiendo el acceso a los servicios. El estudio revela la insólita paradoja de que al mismo tiempo que aumentan los afiliados se prevé un crecimiento equivalente a cero en la contratación de servicios médicos.
“Calcular simplemente si los recursos fueron suficientes frente a los gastos, para determinar si la UPCM (unidad per cápita del magisterio) en conjunto fue suficiente, acaba premiando y estimulando a los contratistas que brinden menos servicios, que presentarían suficiencia, y castigando y desestimulando a los que presten mayor número de servicios, los que lógicamente presentarían mayor insuficiencia” (4). Ese es, en resumen, el modelo de salud del Gobierno de Santos para el magisterio colombiano.
Ante lo cual se requiere modificar la mezquina financiación que, para este año, es de 800 mil millones pesos cuando lo que cotizamos los maestros para salud, más lo que debe aportar el Estado como empleador nuestro, asciende a un billón quinientos mil millones de pesos. Se necesita control a las empresas contratistas, que no lo hay, por medio de auditorías especializadas, se precisa que los maestros hagamos de la red de veedores una organización que de manera permanente controle los desafueros de las empresas. Así lo ha planteado FECODE. Para que ello sea posible se requiere una lucha denodada del magisterio colombiano que, bueno es decirlo, demostró en el paro del 30 de mayo garra y deseos de batallar.
Notas:
1 Universidad Nacional de Colombia, Centro de Investigaciones Para el Desarrollo, CID, Evaluación de los estudios técnicos para la contratación del servicio de salud del magisterio y propuesta metodológica que permita determinar el valor del modelo de salud del magisterio, p. 8.
2 Ibid. 1, p. 9.
3 Ibid. 1, p. 13.
4 Ibid. 1, p. 19.
ARTICULO DE Francisco Torres, secretario de prensa de ASEDAR, Arauca, julio 21 de 2012.
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